“…Desde
hace cinco años no nos dejan cultivar, como vamos a vivir nosotros,
si
vivimos de la tierra, somos campesinos…”
Gregoria
Mendoza Barrera.
Este dos de
julio, en horas de la mañana, unas siete personas, en representación de la
comunidad indígena de Uluse, anunciaron que demandarán al Estado de Nicaragua
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación al
derecho territorial indígena de Muy Muy, al otorgar concesiones de sus tierras
a extranjeros, así como ubicar a personas desmovilizadas tanto del ejército como
de la resistencia nicaragüense, con el propósito de desalojarles.
Rigoberto
Mairena, asesor jurídico de los pueblos indígenas, explicó que la comunidad de
Uluse, del territorio indígena del municipio de
Muy Muy, Matagalpa, posee
título real de los reyes de España, otorgado el dieciséis
de enero de mil setecientos veintiséis, documento que confirma el derecho
territorial de la comunidad.
Aseguró además, que con las acciones
denunciadas por las y los indígenas de Uluse, el Estado nicaragüense violenta también
el derecho a la alimentación de las familias, su derecho a la vivienda y a la
libertad de organizarse.
Fidelina
Gutiérrez, líder de Uluse y quien forma parte de las veinticinco familias que
demandarán al Estado el respeto de sus tierras y sus costumbres, explicó
algunas de las situaciones que les ha tocado enfrentar. “Sufrimos amenazas de muertes, nos amenazan con botarnos las casas,
quemarnos las casas”.
Las mujeres adultas
y las niñas sufren amenazas particulares. Son acosadas en las quebradas, aseguró
Zeneyda González Rojas, de la misma comunidad de Uluse, quien además denunció
que las autoridades están parcializadas con la resistencia y los ex miembros
del ejército. Paradójicamente, a Zeneyda el gobierno le otorgó un
reconocimiento “por su destacada participación en la victoria del partido de
gobierno”, en el presente año.
Otro ámbito
donde las y los indígenas enfrentan dificultades es en el derecho a producir
sus tierras. “Carecemos de la
alimentación porque nosotros acostumbramos a labrar la tierra para vivir de
tierra, no tenemos otro medio de vivir sino de lo que la tierra produce y las
que más sufrimos las consecuencias somos las mujeres, porque las mujeres somos las que vivimos con nuestros hijos en
la casas, aseguró la líder indígena.
Ante las
amenazas y agresiones hacia la comunidad indígena, el Juez Local Único de San
Ramón, Walter Frauenberger Vallejos, resolvió medidas cautelares a favor de las
familias indígenas. “La ocupación de áreas de siembra de las familias indígenas, algunos
actos de despojo violentos, la introducción de ganado en las áreas de cultivos
y de fuentes de agua, la realización de chapoda para siembra por parte de desmovilizados
del ejército y la Resistencia Nicaragüense, dirigidos por los demandados, la
afectación de las fuentes de agua de consumo humano de donde se abastecen las
familias indígenas, el levantamiento de cercos nuevos, la construcción de casas en
sus mayoría de plástico y además se constató que existía un clima de violenta y
de presión hacia las familias indígenas y nativas del lugar”, se lee en la
Resolución firmada por dicha autoridad y enviada al Jefe de la Policía Nacional
del Municipio de San Ramón, Capitán Ramón García. No obstante, la Policía se ha
negado a hacer presencia en el lugar, aseguró Rigoberto Mairena.
Las y los
comunitarios y líderes indígenas, quienes comparecieron en la sede la Red
Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, denunciaron a Marvin
Sánchez, Orlando Castillo, Valerio Bravo, Francisco Sequeira, Mercedes Treminio
e Isidro Sánchez de ser quienes directamente invadieron sus tierras y les
violentan sus derechos.
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